La crisis habitacional en la Argentina se profundizó en los últimos años. Las dificultades para acceder al mercado inmobiliario, la cuestionada Ley de Alquileres -y la escasa oferta asequible para un gran número de ciudadanos-, sumado a la falta de políticas de inclusión para los sectores más postergados, ubican a este tema en los primeros lugares de la agenda social.
De acuerdo al informe Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda,
● 1 de cada 3 hogares de Argentina no cuenta con una vivienda adecuada. 1,3 millones
necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras.
● 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. Más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como la luz, el agua corriente y las cloacas ni cuenta con títulos de
propiedad del suelo.
● Más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda. Entre 2010 y 2022 el
porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional. En el
AMBA, el 32% de ellos destina más de la mitad de su salario al alquiler y el 60% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley de alquileres.
El reporte fue elaborado por las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ e incluye un diagnóstico de las principales problemáticas habitacionales.
Durante una conferencia de la que participaron Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec y María Lucía Groos, Directora del Centro de Investigación e Innovación de Techo, las organizaciones formularon una serie recomendaciones para hacer frente a la problemática y contribuir al diseño de la política pública de hábitat y vivienda.
Las 5 Recomendaciones
1) Promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial
La problemática del hábitat y la vivienda está relacionada con cómo crecen las ciudades y la falta de suelo urbano de calidad. De las 24 jurisdicciones nacionales, solo seis (CABA, PBA, Jujuy, Mendoza, La Rioja y Chaco) cuentan con normativa de ordenamiento territorial. La propuesta: Las organizaciones promueven el fortalecimiento del actual Programa Nacional de Planificación a través de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre el tema ; elaborar manuales de legislación modelo, fortalecer la capacitación y la asistencia técnica y financiera a los municipios, e incorporar mecanismos de participación
ciudadana en este proceso.
2) Avanzar en el mejoramiento integral de viviendas
4 millones de hogares (el 32% del total) no cuentan con una vivienda adecuada. De
ellos, 2,6 millones (el 66%) tienen necesidades de ampliación y mejoras clave en sus viviendas.
La propuesta: Generar una política de mejoramiento de viviendas que, a partir de un plan de ordenamiento territorial, articule los mejoramientos con obras de infraestructura y de integración socio urbana. También contempla la asistencia financiera a hogares, mediante subsidios y créditos para materiales y mano de obra, y la asistencia técnica y social para corroborar la necesidad de refacción y/o ampliación, garantizar que sea viable y brindar acompañamiento a los hogares.
3) Promover un programa nacional de alquiler asequible
En nuestro país existe una baja aplicación de la Ley de Alquileres: el 77% de quienes alquilan establecieron el porcentaje y la frecuencia de los aumentos de antemano (GCBA, 2023) y un 60% asume aumentos por fuera de la ley de alquileres -semestrales, trimestrales o mensuales. Además, hay un creciente porcentaje de vivienda ociosa (aumentó un 45% en CABA) y destinada al alquiler turístico.
La propuesta: Promover una política nacional e integral de alquileres. El Estado debe involucrarse de forma directa, con regulaciones y acciones que orienten el desarrollo inmobiliario privado hacia la necesidad de vivienda asequible. También, incluir herramientas de movilización de suelo urbano ocioso hacia la oferta pública o privada de
alquileres asequibles y subsidios para alquilar destinado a las personas de mayor
vulnerabilidad social.
4) Sostenibilidad de los procesos de integración sociourbana en barrios populares
Más de 5 millones de personas viven en los 5687 barrios populares registrados en
todo el territorio nacional. En el 66% de los barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso formal a energía eléctrica; en el 90%, a la red de agua; en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas. Con la sanción de la Ley 27.453 de Régimen de regularización dominial se estableció una política para la integración de los barrios populares. Se hicieron obras en 834 barrios, se mejoraron más de 1000 viviendas, 17.632 lotes accedieron a servicios y se entregaron 758.979 Certificados de Vivienda Familiar.
La propuesta de las ONG: Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento; fortalecer la planificación, coordinación y el abordaje integral de la gestión estatal, trabajando
de manera conjunta entre municipios para la planificación territorial; y garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información como un mecanismo de transparencia.
5) Promover soluciones habitacionales temporales en contextos de emergencia
El 85% de los barrios populares del AMBA están expuestos a factores de riesgo como inundabilidad, sitios de disposición de residuos, torres de alta tensión, vías de ferrocarril. Además, quienes también están expuestos a factores de riesgo son las personas en situación de calle, víctimas de violencia de género o familiar, y los desastres de origen natural.
La propuesta de las ONG: Incorporar soluciones habitacionales temporales en barrios populares. Promover la participación de personas, grupos o comunidades involucradas en contexto de emergencia, para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en cada etapa del proceso.
Para más información sobre este tema:
