Una imagen íntima que circula sin consentimiento, un grupo de WhatsApp donde se hostiga a una compañera, una fotografía manipulada con inteligencia artificial para humillar a alguien o una relación de pareja atravesada por el control de las redes sociales, son apenas algunas situaciones que pueden comenzar fuera de la escuela pero con consecuencias en el aula.
Frente a estas situaciones, docentes y equipos directivos suelen encontrarse ante un desafío: cómo reconocer lo que está ocurriendo, qué hacer cuando un estudiante pide ayuda y de qué manera intervenir sin agravar el daño ni exponer nuevamente a quien sufrió violencia.
Para ofrecer posibles respuestas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la organización Amnistía Internacional Argentina (AIAR) presentaron “La escuela frente a la violencia digital: herramientas para prevenir, detectar y acompañar”, una guía de acceso libre y gratuito, destinada a las comunidades educativas de todo el país.
La publicación -desarrollada con la participación de la especialista en educación y cuidado digital Lucía Fainboim y aportes de docentes, equipos directivos, especialistas y adolescentes- busca fortalecer las capacidades de las instituciones escolares para actuar frente a situaciones que muchas veces las encuentran sin recursos suficientes.
Su principal aporte es sugerir una hoja de ruta de actuación institucional organizada en 15 pasos, que orienta a las escuelas en el recorrido que pueden atravesar desde la detección de una situación de violencia digital y la primera escucha hasta el seguimiento del caso, las acciones preventivas y el cuidado de los propios equipos educativos.
El aula, caja de resonancia
La dimensión del problema ayuda a comprender por qué las escuelas necesitan herramientas específicas.
Según datos de UNICEF, a nivel global uno de cada cinco jóvenes falta a la escuela debido al ciberacoso y la violencia.
En tanto, en la Argentina, ocho de cada diez estudiantes reconocen que la violencia digital puede afectar la salud mental, de acuerdo con datos de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las situaciones abarcan distintas formas de agresión y vulneración de derechos: desde el hostigamiento y las amenazas hasta la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la exposición de datos personales -conocida como doxeo– o el envío de imágenes sexuales no solicitadas, una práctica denominada cyberflashing.
También incluyen la creación de contenidos sexuales falsos mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes, y prácticas de vigilancia y control en las relaciones afectivas, como exigir contraseñas, revisar conversaciones privadas o monitorear la ubicación de otra persona.
Estas violencias no afectan a todas las personas de la misma manera. Las niñas, las adolescentes mujeres y las personas LGBTI+ están expuestas de manera desproporcionada a distintas formas de violencia de género facilitada por las tecnologías.
“Las violencias digitales no quedan en la virtualidad: tienen consecuencias concretas en el bienestar, la salud mental y las trayectorias escolares de las adolescencias”, advierte Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en la Argentina.
En este punto funda el propósito de la iniciativa: “Las escuelas son espacios fundamentales de cuidado y socialización, pero muchas veces deben intervenir sin las herramientas necesarias. Con esta guía buscamos brindar herramientas claras y prácticas desde un enfoque de derechos y de género”, plantea.
Hoja de ruta
Uno de los desafíos que enfrentan docentes y equipos directivos es determinar cómo intervenir cuando toman conocimiento de una situación de violencia digital, especialmente si ocurrió fuera del establecimiento o del horario escolar.
La nueva guía elaborada en el marco de esta iniciativa busca responder a esa necesidad mediante una ruta de actuación institucional organizada en 15 pasos, disponible también en una infografía descargable e imprimible.
El recorrido comienza con la detección del problema y la primera escucha. A partir de allí, ofrece criterios para evaluar la gravedad de cada situación y definir qué tipo de respuesta corresponde.
En algunos casos, el abordaje puede desarrollarse mediante acciones pedagógicas dentro de la institución. Sin embargo, en otros, será necesario articular con organismos de protección de derechos o dar intervención a las autoridades competentes.
La publicación también brinda orientaciones para preservar información relevante, actuar frente a la circulación de contenidos que generan daño y acompañar a las personas afectadas sin exponerlas nuevamente.
Este último aspecto resulta crucial cuando se trata de imágenes íntimas difundidas sin consentimiento. La intervención de las personas adultas debe evitar que el contenido continúe circulando y que quien sufrió la agresión tenga que relatar reiteradamente lo sucedido ante diferentes interlocutores.
Dos caras de una misma moneda
El abordaje que proponen la UNFPA y AIAR tampoco se limita a quienes sufrieron violencia. Incluye pautas para trabajar con estudiantes que la ejercieron, con los grupos de pares y con las familias, desde una perspectiva que promueve la responsabilización, la reparación y la prevención de nuevas situaciones.
Además, incorpora herramientas de autoevaluación y planificación institucional, recursos de consulta y recomendaciones para el cuidado de los equipos educativos.
La propuesta no busca reemplazar los protocolos vigentes en cada jurisdicción, sino complementarlos con orientaciones prácticas que puedan adaptarse a las distintas realidades escolares.
“Muchas veces, docentes y equipos directivos son las primeras personas adultas en darse cuenta de que algo está pasando o en recibir un pedido de ayuda y no siempre cuentan con las herramientas o el respaldo necesarios para responder”, señala Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La guía, de acceso libre y gratuito, busca fortalecer el abordaje institucional mediante orientaciones concretas que permitan prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia de género digital.
Protagonistas
La publicación incorpora las voces de adolescentes y jóvenes, sus experiencias en los entornos digitales y sus expectativas acerca del acompañamiento de las personas adultas.
Ese enfoque parte de una premisa: no basta con intervenir una vez que la violencia ocurrió; también es necesario trabajar sobre las prácticas y desigualdades que favorecen su reproducción.
“Las violencias digitales no son hechos aislados ni ocurren por fuera de la vida escolar. Se construyen en dinámicas grupales, en formas de vincularse, en desigualdades de género que también se reproducen en los entornos digitales y en prácticas que muchas veces se naturalizan”, sostiene Lucía Fainboim.
Para la especialista, el papel de las instituciones educativas va más allá de la resolución de conflictos.
“No alcanza con intervenir cuando aparece un conflicto o sancionar a quienes participan. Necesitamos generar espacios para conversar, escuchar las voces de los chicos y chicas, cuestionar colectivamente estas prácticas y construir otras formas de convivencia”, plantea.
En ese sentido, la prevención supone abordar también aspectos como el consentimiento, la privacidad, los estereotipos de género, el respeto por la diversidad y la responsabilidad en la circulación de contenidos digitales.
De este modo, la escuela aparece no solo como un espacio de intervención frente a este tipo de situaciones sino también como un ámbito desde el cual promover vínculos más respetuosos dentro y fuera de las pantallas.
De las familias a las escuelas
La nueva publicación es la segunda guía desarrollada por la UNFPA y Amnistía Internacional Argentina en el marco de EmpowerED, una iniciativa global de Fondo de Población de las Naciones Unidas con Canadá.
En diciembre de 2025, ambas organizaciones habían presentado “Cómo acompañar a adolescentes y jóvenes frente a la violencia digital”, un material dirigido a las familias, especialmente a quienes acompañan a jóvenes de entre 13 y 19 años.
Aquella primera guía pone el acento en la importancia de reconocer las distintas formas de violencia digital, identificar señales de alarma y construir vínculos de confianza para que adolescentes y jóvenes puedan pedir ayuda.
Entre sus recomendaciones se encuentra prestar atención a cambios repentinos en el estado de ánimo, el aislamiento, la pérdida de interés por actividades habituales, las dificultades para asistir a la escuela o una disminución del rendimiento escolar.
También ofrece orientaciones para preservar evidencias, acceder a mecanismos de denuncia y conversar en familia sobre consentimiento, respeto, privacidad y cuidado en los entornos digitales.
Uno de sus mensajes centrales es que el acompañamiento adulto debe basarse en la escucha y la confianza, antes que en el control y las prohibiciones. En lugar de culpabilizar a quien sufrió violencia o quitarle el celular como castigo, propone ofrecer contención emocional, buscar ayuda y construir respuestas compartidas.
La publicación también plantea cómo actuar cuando un hijo o una hija ejerció violencia digital, promoviendo la comprensión del daño causado, la asunción de responsabilidades y las acciones reparadoras.
La nueva guía amplía ese trabajo hacia las instituciones educativas, con el objetivo de que las respuestas familiares y escolares puedan complementarse y sostenerse en el tiempo.
Una construcción colectiva
Ambas publicaciones recuperan aprendizajes de experiencias impulsadas por organizaciones sociales, especialistas y familias que buscaron transformar situaciones de violencia en herramientas de prevención y acompañamiento.
Entre esos antecedentes se encuentra la Guía EMA, elaborada a partir del trabajo de la familia de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió por suicidio en 2024 después de haber sufrido la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Su historia impulsó iniciativas para promover protocolos de actuación en las escuelas y ofrecer herramientas a las personas adultas que deben intervenir frente a estas situaciones.
La experiencia también puso de manifiesto una dificultad que atraviesa a muchas comunidades educativas: la ausencia de criterios claros para actuar cuando la violencia ocurre en espacios digitales, pero involucra a estudiantes y afecta su vida escolar.
En este contexto, la articulación entre organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, comunidades educativas y adolescentes constituye uno de los ejes de la iniciativa.
La nueva guía fue presentada en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, en la ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que reunió a docentes, directivos, referentes de organismos públicos y organizaciones sociales.
El desafío -plantean- es construir respuestas que no dependan únicamente de la voluntad o los recursos individuales de docentes y familias, sino que involucren también al Estado, las plataformas digitales y los organismos responsables de garantizar derechos.
También, reconocer que las tecnologías forman parte de la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes, y que -como tales- la respuesta no puede reducirse a restringir el acceso a las pantallas. Y eso simplemente sería pretender tapar el sol con las manos.
