Por María José Alzari – Coordinadora del Programa Gestión Territorial y Licencia Social – CEADS
La sostenibilidad corporativa está atravesando una etapa de cambios. Algunas agendas perdieron visibilidad y las empresas buscan una relación más clara entre sostenibilidad, estrategia y resultados. En ese contexto, hay un tema que merece especial atención: la relación de las empresas con las comunidades y los territorios donde desarrollan sus actividades.
En CEADS hablamos de una sostenibilidad que avanza a dos velocidades. Las tendencias globales cambian al ritmo de la geopolítica, los mercados y las regulaciones. La vida en los territorios, en cambio, responde a otras necesidades y tiempos. Las necesidades de empleo, servicios e infraestructuras o las oportunidades para los jóvenes no cambian porque una agenda internacional pierda protagonismo.
A esto se suma que la tecnología y la conectividad facilitan el acceso a información, fortalecen la participación e incrementan la expresión de expectativas locales. Estas expectativas hoy son más amplias. Las comunidades también quieren saber qué oportunidades de desarrollo puede generar la presencia de un proyecto.
Articular es la clave
Aparece en ese marco la inversión social estratégica con enfoque de gestión territorial. La guía del GDFE[1] sobre Inversión Social Privada plasma, en primer lugar, que la “definición clásica de Inversión Social Privada (ISP) refiere al uso responsable, proactivo y estratégico de recursos privados cuyo retorno esperado consiste en la contribución, en aspectos específicos o sistémicos, al bienestar de la comunidad y su desarrollo en el largo plazo”. Seguidamente, enuncia que en la actualidad esa “contribución requiere además una articulación explícita con el negocio, alineándose con la estrategia, los intereses y las operaciones de la compañía”.
Queda planteado el desafío. La inversión social de una empresa no puede estar deslindada del negocio, de su materialidad; como tampoco puede estar alejada de las necesidades y expectativas de las comunidades.
Esto invita a distinguir dos dimensiones de la gestión territorial. La primera es la licencia social para operar. Supone conocer el territorio, identificar impactos, tensiones, preocupaciones y posibles conflictos, y establecer relaciones de diálogo, generar y mantener la confianza. Su objetivo es alcanzar y sostener una base de aceptación social que permita desarrollar la actividad.
Esto requiere escucha activa, espacios participativos efectivos y apertura a cambios y flexibilidad en la gestión de la empresa con la comunidad.
La segunda dimensión es la sólida contribución al desarrollo local de la mano de iniciativas de inversión social por parte de la empresa. Para que ésta sea estratégica debe buscarse articulación sostenida con actores sociales y ámbitos públicos, debe haber un claro conocimiento del contexto, del ordenamiento territorial y de la existencia de infraestructuras y servicios. Parte de preguntarse de qué manera la presencia de una empresa puede mejorar las oportunidades del territorio. Puede expresarse en el desarrollo de proveedores locales, en capacitación para la empleabilidad, en vínculos con escuelas o en inversiones que respondan a necesidades concretas.
Construir confianza
No son dos etapas sucesivas ni caminos separados. Una buena gestión de los impactos es indispensable para construir confianza, y las iniciativas de desarrollo pueden fortalecer el vínculo con la comunidad. Pero una cosa no reemplaza a la otra. No alcanza con financiar programas sociales si persisten problemas importantes de la operación que no son atendidos. Tampoco sería razonable limitar toda la relación con el territorio a evitar conflictos. El desafío es integrar ambas dimensiones en una misma estrategia.
No existe, por supuesto, una receta única. Por eso es importante escuchar, comprender el contexto e identificar los asuntos más relevantes antes de decidir dónde intervenir. La materialidad ayuda a ordenar esas prioridades y a vincularlas con la actividad de la empresa. Tal vez ahí esté una de las oportunidades más concretas de la sostenibilidad corporativa en esta nueva etapa.
La oportunidad de pasar de pensar la relación con las comunidades solamente como una condición para operar a reconocer también el papel que la empresa puede desempeñar en el desarrollo local. No se trata de sumar programas por separado, sino de conectar mejor la actividad económica, las decisiones empresariales y las necesidades del territorio.
[1] Guía de Inversión Social Privada (2026) GDFE (Grupo de Fundaciones y Empresas).
