El uso de Internet forma parte de la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, las plataformas digitales que utilizan incorporan mecanismos diseñados para captar su atención, prolongar el tiempo de conexión y recopilar datos personales, que pueden exponerlos a diferentes riesgos.
Frente a esta situación, más de 300 organizaciones y referentes de la Argentina y América Latina se unieron para impulsar una ley nacional que establezca responsabilidades concretas para las empresas tecnológicas y garantice los derechos de chicos y chicas en los entornos digitales.
Bajo el lema “Está hecha la trampa, pero no la ley”, la campaña parte de una premisa: el problema no es la tecnología en sí misma, sino el diseño de las plataformas y la ausencia de una regulación integral que obligue a las empresas a prevenir y reducir los riesgos.
La iniciativa reúne a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derechos de la niñez, educación, salud, tecnología y protección de datos, junto con defensorías y organismos públicos. Entre los participantes se encuentran Chicos.net, Amnistía Internacional Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, Grooming Argentina, Faro Digital, la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
No el qué sino el cómo
Uno de los principales planteos de las organizaciones es que los riesgos que enfrentan chicos y chicas en Internet no pueden abordarse únicamente desde las familias o las escuelas. En una carta dirigida a legisladores, advierten: “El foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican”.
Según señalan los impulsores de la campaña, herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones permanentes y los sistemas de recompensas están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios.
Estos mecanismos pueden favorecer la dependencia y las dificultades para desconectarse, además de incrementar la exposición a contenidos violentos o inapropiados, apuestas en línea y otras situaciones de riesgo.
Las organizaciones también alertan sobre el grooming, el acoso digital y las posibles consecuencias para la salud mental, la autoestima y el bienestar.
Desde esa perspectiva, sostienen que no alcanza con promover un uso responsable de las pantallas, sino que es necesario establecer obligaciones para que las plataformas identifiquen y reduzcan los riesgos desde su propio diseño.
Cuando lo que hay no alcanza
La Argentina cuenta con normas de protección de la infancia, como la Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño, además de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Sin embargo, las organizaciones advierten que ese marco normativo no establece obligaciones específicas y exigibles para las plataformas digitales en relación con los riesgos que pueden generar para niñas, niños y adolescentes.
En uno de los documentos de la campaña, explican: “La consecuencia es un ecosistema digital donde la responsabilidad por la protección recae en las familias, las y los docentes y los propios chicos y chicas, mientras las plataformas operan bajo lógicas comerciales sin obligaciones preventivas estructurales”.
Por eso, elaboraron un consenso de diez puntos que consideran indispensables para una futura legislación. Entre las propuestas se encuentran la obligación de prevenir y mitigar riesgos, incorporar medidas de seguridad y privacidad desde el diseño, y establecer mecanismos de verificación de edad que no generen nuevas formas de vigilancia.
También reclaman que los datos personales de chicos y chicas no se utilicen para elaborar perfiles comerciales ni dirigirles publicidad personalizada, y que las empresas brinden mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos que recomiendan contenidos.
El documento contempla, además, evaluaciones de impacto sobre los derechos de las infancias y adolescencias, mecanismos de fiscalización estatal y sanciones efectivas ante posibles incumplimientos.
Proteger sin prohibir
La campaña plantea que regular las plataformas no significa impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a las tecnologías digitales. Por el contrario, busca garantizar que puedan utilizarlas en condiciones compatibles con sus derechos, su desarrollo y su autonomía progresiva.
En una carta dirigida a legisladoras y legisladores nacionales, las organizaciones señalan que no deben confundirse los usos educativos de la tecnología con el funcionamiento de redes sociales y videojuegos basados en sistemas algorítmicos y comerciales.
“Regular no es censurar ni clausurar el acceso de niñas, niños y adolescentes al mundo digital. Regular es poner límites al abuso, distribuir responsabilidades de manera justa y garantizar que la innovación tecnológica sea compatible con los derechos humanos”, sostienen.
La propuesta también contempla políticas públicas de educación digital integral, salud, prevención y acompañamiento a las familias, así como la formación de docentes y el fortalecimiento de los organismos de control.
Otro aspecto central es la participación de los propios chicos y chicas en las decisiones que afectan su vida digital.
Para ello, la campaña impulsa un espacio donde puedan compartir experiencias, preocupaciones y propuestas que contribuyan a la construcción de la iniciativa legislativa.
Una agenda común para llegar al Congreso
Con los diez puntos de consenso como base, las organizaciones comprometidas en esta campaña ya comenzaron a desarrollar una agenda de incidencia legislativa para trasladar sus propuestas al Congreso de la Nación.
Según informaron, mantienen reuniones y participan en actividades con diputadas, diputados, senadoras y senadores de distintos espacios políticos, con el objetivo de que una futura ley incorpore esos principios y avance en ambas cámaras antes de que finalice el actual período ordinario de sesiones.
La campaña cuenta también con el respaldo de especialistas de distintas disciplinas, entre ellos Martín Becerra, Roxana Morduchowicz, Carina Lion, Sergio Balardini y Silvia Bacher.
Mientras tanto, las organizaciones buscan ampliar la convocatoria hacia otros sectores de la sociedad y sumar nuevas adhesiones. La articulación entre entidades sociales, organismos públicos y profesionales de diferentes ámbitos apunta a transformar una preocupación compartida sobre los derechos de las infancias en una propuesta legislativa concreta.
Las instituciones y personas interesadas en acompañar la iniciativa pueden conocer los puntos del consenso y adherir a la campaña a través de www.protecciondigitalya.org.
