La violencia contra las mujeres en política es una experiencia extendida en Argentina. Sin embargo, pocas veces esas situaciones llegan a ser ventiladas en la justicia.
El 83% de las legisladoras declaró haber atravesado al menos una situación de violencia durante su mandato y apenas el 10,1% de las afectadas presentó una denuncia formal.
La distancia entre ambas cifras constituye uno de los principales hallazgos de una investigación nacional de ONU Mujeres que busca dimensionar el problema y contribuir al desarrollo de respuestas institucionales.
El estudio también advierte sobre las consecuencias de estas experiencias para la participación democrática: casi una de cada tres concejalas que sufrió violencia señaló que disminuyó su interés en continuar participando en política. Ese impacto negativo -revela la investigación- resulta especialmente preocupante en el ámbito municipal.
Los resultados forman parte de “Obstáculos a la participación política de las mujeres. Estudio de prevalencia de violencia contra las mujeres en política en Argentina”, un trabajo presentado por ONU Mujeres durante la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, realizada el 26 y 27 de octubre en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
La investigación
El trabajo constituye la primera encuesta probabilística de alcance nacional sobre violencia contra las mujeres en política realizada en la Argentina. Fue desarrollado por el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, bajo la supervisión técnica de ONU Mujeres.
La investigación se realizó en 2025, con un relevamiento efectuado entre octubre y noviembre, y recogió las experiencias de 521 mujeres que ocupaban cargos legislativos electivos: 40 diputadas y senadoras nacionales y 481 concejalas de municipios de más de 10.000 habitantes y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de una muestra probabilística estratificada, los resultados representan a un universo de 2.139 legisladoras de todo el país.
Mediante un cuestionario estructurado, las participantes respondieron sobre situaciones de violencia psicológica, física, sexual y económica o patrimonial, tanto durante el ejercicio de su cargo actual como en etapas anteriores de sus trayectorias políticas.
El estudio también indagó en los espacios donde se producen esas agresiones, las estrategias que utilizan las mujeres para enfrentarlas, las posibilidades de acceder a mecanismos de protección y sus consecuencias sobre el ejercicio de los derechos políticos.
Las redes sociales, summum de la hostilidad
Los resultados muestran que la violencia contra las mujeres en política adopta distintas formas y se manifiesta tanto dentro como fuera de las instituciones.
La violencia psicológica es la más extendida: afecta al 82,4% de las legisladoras. Incluye prácticas que van desde la deslegitimación por razones de género y la obstrucción de la labor legislativa hasta el hostigamiento, las amenazas y los ataques coordinados en redes sociales.
Precisamente, el entorno digital constituye el ámbito con mayor prevalencia de violencia política contra las mujeres. El 68,4% de las legisladoras reportó haber atravesado estas situaciones en redes sociales y plataformas digitales, una proporción que asciende al 89,3% entre las diputadas y senadoras nacionales.
Según la investigación, entre los principales agresores identificados en estos espacios aparecen usuarios anónimos, bots y trolls, militantes de otras fuerzas políticas, periodistas y figuras públicas.
La violencia también se manifiesta dentro de las instituciones donde las mujeres desarrollan su actividad. El 59,2% de las legisladoras declaró haber atravesado situaciones de violencia en el ámbito institucional.
En estos casos, los agresores identificados son principalmente otros actores políticos: colegas varones y autoridades ejecutivas locales, en el caso de las concejalas, y legisladores de otros bloques, entre las representantes nacionales.
El informe también releva conductas de acoso sexual verbal y simbólico, como comentarios ofensivos sobre la apariencia física, bromas de contenido sexual o la atribución de logros políticos a supuestos favores sexuales.
Una constante
La investigación muestra que la violencia no necesariamente comienza cuando las mujeres acceden a un cargo legislativo ni se limita a episodios aislados.
El 57% de las encuestadas señaló haber atravesado situaciones de violencia en etapas anteriores de su trayectoria política. Entre quienes ya habían sufrido estas experiencias, el 96,1% volvió a padecerlas durante su mandato actual.
Además, el 81,1% de las legisladoras que experimentaron violencia percibió que las agresiones aumentaban en momentos de mayor exposición pública, como períodos de especial visibilidad política, instancias relevantes de toma de decisiones o el acceso a nuevos cargos.
La investigación también identifica diferencias según la edad: el 91,3% de las legisladoras menores de 40 años reportó situaciones de violencia, frente al 64,3% de las mayores de 60.
ONU Mujeres advierte que esta brecha podría responder tanto a una mayor exposición de las mujeres jóvenes como a diferencias generacionales en la identificación de determinadas prácticas, que pueden encontrarse más naturalizadas entre quienes tienen trayectorias políticas prolongadas.
Brechas
Uno de los resultados más significativos del estudio es la distancia entre la frecuencia de la violencia y la utilización de mecanismos institucionales para enfrentarla.
El 86,9% de las legisladoras que atravesaron estas situaciones recurrió a alguien para contar lo sucedido. Las principales redes de contención fueron compañeras mujeres de sus partidos políticos, familiares y amigas.
Sin embargo, solo el 48,5% hizo pública alguna situación de violencia y apenas el 10,1% presentó una denuncia formal. Entre quienes decidieron visibilizar públicamente lo ocurrido, el 15,3% declaró haber sufrido represalias, que incluyeron aislamiento, advertencias o remoción de cargos dentro de sus propios espacios políticos.
Los resultados también muestran limitaciones en las respuestas institucionales: entre las denuncias formalizadas, el 38,2% no derivó en sanciones para la persona agresora y el 25,8% permanecía pendiente de resolución.
El informe identifica distintos factores que ayudan a explicar esta situación: la naturalización de la violencia como parte de la actividad política, la desconfianza en los mecanismos de denuncia, el temor a represalias y los posibles costos políticos y personales de exponer lo ocurrido.
A esto se suma el conocimiento limitado de los canales institucionales disponibles. Solo el 30,7% de las concejalas y el 41,1% de las legisladoras nacionales manifestó identificar mecanismos formales de denuncia en sus respectivos cuerpos legislativos.
Desalentadas
Las consecuencias de la violencia política exceden las situaciones puntuales de agresión. Según el estudio, el 95,5% de las legisladoras que atravesaron estas experiencias reportó algún impacto sobre su bienestar, sus vínculos o su trayectoria política.
Entre las consecuencias identificadas aparecen el deterioro del bienestar emocional, los efectos sobre la salud física y el debilitamiento de los vínculos políticos.
Pero uno de los hallazgos que ONU Mujeres considera especialmente relevantes es el denominado “chilling effect” o efecto disuasorio: la posibilidad de que la violencia desaliente la participación de las mujeres en la actividad política.
De hecho, según la encuesta, el 32,9% de las concejalas que sufrieron violencia señaló una reducción de su interés en participar en política, frente al 8,3% de las legisladoras nacionales.
La diferencia pone de manifiesto una mayor incidencia de este efecto en el ámbito municipal, donde, según la investigación, las condiciones institucionales de protección presentan mayores debilidades.
El informe también señala que muchas mujeres desarrollan estrategias de resistencia frente a estas situaciones: el 79,8% de las afectadas manifestó sentirse más resiliente y el 61,1% consideró que había fortalecido su capacidad de negociación. Sin embargo, estos resultados no eliminan los costos personales y políticos que implica permanecer en espacios atravesados por la violencia.
Fortalecer la respuesta institucional
A partir de los resultados arrojados por el estudio, ONU Mujeres formuló recomendaciones dirigidas a los poderes legislativos, los partidos políticos, la justicia electoral, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Durante la presentación del estudio en la Universidad Nacional de La Plata, Verónica Baracat, oficial a cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina, puso el foco en las consecuencias que la violencia tiene sobre la participación y en la necesidad de contar con mecanismos institucionales capaces de intervenir oportunamente.
“El estudio muestra que la violencia impacta en la participación: el 32,9% de las concejalas que la atravesaron señaló una reducción de su interés en participar en política”, destacó.
Frente a este escenario, explicó que las recomendaciones para la justicia electoral contemplan una ruta de actuación rápida desde la Cámara Nacional Electoral y los juzgados federales con competencia electoral durante los períodos de elecciones.
La propuesta incluye establecer canales de recepción y derivación de denuncias, plazos abreviados, criterios de urgencia, garantías de confidencialidad y mecanismos de coordinación con otros organismos.
También plantea incorporar herramientas de evaluación de riesgo y medidas cautelares y de reparación destinadas a preservar la continuidad de la participación política de las mujeres.
Entre las acciones previstas se encuentran la preservación de evidencia digital, la posibilidad de solicitar la remoción o rectificación de contenidos violentos por las vías institucionales disponibles y medidas orientadas a revertir decisiones discriminatorias que afecten candidaturas o cargos.
Las recomendaciones también alcanzan a los cuerpos legislativos, a los que se aconseja fortalecer los códigos de conducta, establecer procedimientos claros de denuncia y crear mecanismos internos con capacidad de intervención y protección frente a represalias.
En el caso de los partidos políticos, ONU Mujeres plantea revisar prácticas que puedan favorecer la discriminación o la exclusión, fortalecer las áreas de género e incorporar la prevención de la violencia política en la formación de dirigentes y candidaturas.
En tanto, para los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, el documento recomienda promover el monitoreo independiente de estas situaciones y desarrollar prácticas de cobertura que eviten reproducir estereotipos de género.
Democracia de calidad
De la presentación de los resultados de la investigación participaron, además de Baccarat, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires; Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal; Alma Bahena, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, México; y Dora Barrancos, investigadora del CONICET. La moderación estuvo a cargo de la periodista Luciana Bertoia.
La investigación de ONU Mujeres concluye que la violencia contra las mujeres en política constituye un obstáculo estructural para el ejercicio de sus derechos, cuya persistencia no puede explicarse únicamente por la ausencia de normas.
La Argentina cuenta con legislación que reconoce la violencia política y la violencia digital contra las mujeres, pero el estudio advierte sobre las dificultades para traducir ese marco normativo en mecanismos efectivos de prevención, protección y sanción.
La distancia entre la alta prevalencia de situaciones de violencia y la escasa utilización de los canales formales de denuncia expone uno de los desafíos centrales: garantizar que las mujeres no solo puedan acceder a los espacios de representación política, sino también ejercer sus funciones y desarrollar sus trayectorias sin que la violencia condicione su participación.
