La violencia de género encontró en lo digital un nuevo territorio de expansión. La Dirección General de Protección Familiar Contra la Violencia presentó un protocolo específico para prevenir, detectar y atender este tipo de agresiones en entornos virtuales.
El protocolo se construyó con el acompañamiento técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, en el marco del fortalecimiento de la Red Federal de Mecanismos de Adelanto de las Mujeres.
También retoma aportes de la iniciativa Hackeá la Violencia Digital, desarrollada junto a Amnistía Internacional Argentina, que sistematiza estrategias para enfrentar las violencias mediadas por tecnologías.
1 de cada 3
Según datos de Amnistía Internacional, una de cada tres mujeres en Argentina atravesó situaciones de violencia en redes sociales. En la mayoría de los casos, ese impacto no queda en lo virtual: el 70% modifica su comportamiento en plataformas y más de un tercio deja de expresarse sobre determinados temas.
A escala global, el patrón se repite. De acuerdo con la UNESCO, las mujeres con presencia pública son blanco frecuente de ataques. El 73% de las periodistas reconoce haber sufrido violencia en línea, mientras que en América Latina muchas optan por limitar su participación, autocensurarse o incluso abandonar espacios laborales.
Herramientas prácticas
El nuevo protocolo busca ordenar la respuesta institucional. Define qué se entiende por violencia digital —en línea con marcos como la Ley Olimpia—, describe sus distintas modalidades y establece una ruta de atención que incluye canales de denuncia, resguardo de pruebas digitales y acceso a asistencia jurídica, psicológica y social.
También incorpora herramientas prácticas: desde guías para la detección temprana hasta un mapa de recursos disponibles en la ciudad, además de información sobre programas en marcha, capacitaciones y contactos clave.
La iniciativa pone en evidencia un cambio de enfoque. La violencia digital deja de ser vista como un problema menor o secundario y pasa a ocupar un lugar central en la agenda pública.
En un entorno donde la huella digital es persistente y los ataques pueden amplificarse sin límites, las consecuencias se vuelven duraderas y, muchas veces, invisibles.
En esa intersección entre tecnología, derechos y políticas públicas, el protocolo intenta responder a una pregunta urgente: cómo garantizar que los espacios digitales no se conviertan en territorios de exclusión, sino en ámbitos donde la participación —especialmente de mujeres y diversidades— pueda ejercerse sin violencia.
