La Argentina necesita acelerar la implementación de sus compromisos de protección de la biodiversidad si quiere alcanzar las metas establecidas para 2030. Así lo plantea el informe Primer balance de las Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que analiza el estado de implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) 2025-2030 e identifica los desafíos pendientes para fortalecer las políticas públicas de conservación y uso sostenible de los ecosistemas.
Aunque se registran avances en la generación de información y el desarrollo de herramientas para la conservación, todavía existen importantes dificultades para traducir esos esfuerzos en acciones concretas y resultados verificables en los territorios, plantean desde la organización.
El contenido del documento fue difundido en el marco de la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se desarrolla hasta el 30 de octubre en Ereván, Armenia.
Durante ese encuentro, se realiza la primera revisión mundial de los avances en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022.
Avances que no alcanzan
El análisis de la FARN -referido a la Argentina- reconoce progresos en distintas áreas. Entre ellos, se destaca la caracterización de 133 ecosistemas en el país —55 terrestres, 66 acuáticos continentales y 12 marinos—, que constituye una base de información para orientar futuras acciones de planificación y conservación.
También identifica avances en la creación de nuevas áreas protegidas, el desarrollo de procedimientos para reconocer otras formas de conservación de espacios naturales, la actualización de metodologías para evaluar la gestión de áreas protegidas y el fortalecimiento de los sistemas de información ambiental.
Sin embargo, el informe advierte que estos progresos se concentran principalmente en la elaboración de diagnósticos, metodologías y herramientas, sin traducirse todavía en resultados ambientales de la magnitud necesaria para cumplir las metas de 2030.
Entre los principales obstáculos aparecen el financiamiento insuficiente, las capacidades institucionales limitadas y las dificultades de coordinación entre el Gobierno nacional, las provincias y los distintos organismos públicos.
A esto se suman la falta de información completa y de indicadores adecuados para medir los resultados de las políticas implementadas.
De hecho, uno de los principales problemas identificados es que la Argentina no cuenta con una cifra oficial consolidada que permita conocer cuánto se invierte en biodiversidad a escala nacional. Tampoco existen mecanismos suficientes para vincular los recursos del presupuesto público con las metas establecidas en la estrategia nacional.
Esta situación dificulta evaluar los esfuerzos realizados, identificar las necesidades de financiamiento y orientar los recursos hacia las prioridades de conservación, plantean desde la OSC ambientalista.
“Ya tenemos metas globales para proteger la biodiversidad. El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas, con financiamiento suficiente, participación y rendición de cuentas”, sostuvo Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
Restauración de ecosistemas
Uno de los datos más significativos del informe está relacionado con la recuperación de los ecosistemas degradados.
El Marco Mundial de Biodiversidad establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados debe encontrarse bajo restauración efectiva para 2030.
Sin embargo, en la Argentina se identifican alrededor de 4,6 millones de hectáreas bajo algún proceso de restauración, equivalentes apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada.
Aunque existen iniciativas en marcha, la distancia respecto de la meta internacional muestra la necesidad de ampliar los esfuerzos, sostener las políticas públicas y fortalecer la articulación entre los distintos niveles de gobierno y otros actores involucrados, sostiene la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en el informe.
También, plantea que los compromisos de conservación deben ser coherentes con las decisiones que se toman sobre el uso del territorio y la protección de los ecosistemas.
En ese sentido, destaca la importancia de fortalecer la legislación ambiental vigente, evitar retrocesos en los niveles de protección y avanzar en normas pendientes, como una Ley de Humedales.
La organización expresa, además, su preocupación por las reformas vinculadas a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, debido a sus posibles consecuencias sobre la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, especialmente en un contexto de agravamiento de los fenómenos climáticos extremos.
La pérdida de biodiversidad también tiene consecuencias económicas. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citado en el documento, el deterioro de los servicios que brindan los ecosistemas podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.
Una revisión internacional
La COP17 representa una oportunidad para evaluar los avances alcanzados y acordar medidas que permitan acelerar la implementación de las metas mundiales de biodiversidad.
Para la Argentina, este proceso adquiere especial relevancia porque el país todavía no presentó su Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo plazo venció el 28 de febrero de 2026.
Según el documento de la FARN, al cierre de la investigación, 143 países ya habían cumplido con esa presentación. La falta del informe argentino no solo implica un incumplimiento del plazo acordado, sino que también limita la información disponible sobre los progresos nacionales y su contribución a la primera evaluación mundial de las metas de biodiversidad.
De acuerdo con la FARN, cumplir los compromisos hacia 2030 requiere fortalecer las capacidades institucionales, garantizar recursos suficientes y accesibles, mejorar los sistemas de información y monitoreo y sostener políticas públicas coherentes a lo largo del tiempo.
También considera indispensable asegurar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo su papel en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
Para acceder al informe completo, hacer click acá.
