El financiamiento sostenible y la inversión de impacto en la Argentina muestran señales de pérdida de dinamismo. Durante 2025, ambas modalidades movilizaron 2.171 millones de dólares, pero los principales instrumentos de financiamiento registraron retrocesos respecto de 2023.
A esa tendencia se suman una marcada concentración territorial y dificultades para conectar a quienes disponen de capital con las organizaciones y empresas que necesitan recursos para desarrollar proyectos con impacto social y ambiental.
Estas conclusiones son parte del “Mapeo de Inversión de Impacto en Argentina 2025”, elaborado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, junto con Fundación Alimentaris. El informe, presentado recientemente en Buenos Aires, analiza la evolución del sector, las características de las inversiones y los principales obstáculos para su desarrollo.
El relevamiento identificó 543.735 operaciones durante 2025. Del capital movilizado, el 92% correspondió a instrumentos de financiamiento sostenible y el 8% a inversiones de impacto, dos modalidades relacionadas, aunque con características diferentes.
Mientras que el financiamiento sostenible comprende instrumentos destinados a iniciativas con objetivos sociales, ambientales o de sostenibilidad, la inversión de impacto busca generar resultados sociales o ambientales positivos y medibles junto con un retorno financiero. Es decir, procura combinar la rentabilidad económica con la contribución a la resolución de problemáticas sociales y ambientales.
Menos créditos, menos bonos
Uno de los principales hallazgos del estudio es la caída del financiamiento sostenible canalizado a través del sistema bancario. Sobre la base de una muestra constante de seis entidades, el volumen de créditos sostenibles registró una disminución acumulada del 17% en términos reales entre 2023 y 2025.
La evolución también fue negativa cuando los montos se expresaron en dólares corrientes, con una reducción del 12% durante el mismo período.
En el mercado de capitales, las emisiones de bonos sociales, verdes y sustentables alcanzaron los 472 millones de dólares en 2025, un 48% menos que en 2023, cuando habían llegado a 910 millones.
Aunque se registró una recuperación respecto de 2024, su participación en el total de obligaciones negociables colocadas en el mercado local pasó del 12% en 2023 a menos del 3% en 2025.
La pérdida de impulso también se observa en las inversiones de impacto realizadas por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Al comparar un mismo grupo de inversores y excluir operaciones extraordinarias de gran magnitud, el capital invertido durante 2025 cayó un 17% respecto del promedio anual de 2023 y 2024, mientras que la cantidad de operaciones se redujo aproximadamente un 30%.
No obstante, en el informe, los investigadores aclaran que estas comparaciones corresponden a muestras constantes de entidades e inversores y no pueden extrapolarse automáticamente al conjunto del mercado argentino.
Pocas provincias
La distribución geográfica constituye otro de los principales desafíos identificados. El 88% de las organizaciones receptoras de inversión de impacto relevadas opera en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
La provincia de Buenos Aires concentra el 51% de las operaciones analizadas, seguida por Córdoba (16%), CABA (14%) y Santa Fe (7%).
El 12% restante corresponde a organizaciones que operan en Tucumán, Chaco, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Mendoza.
Los datos corresponden a las 87 organizaciones receptoras identificadas en el relevamiento, por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Si bien no permiten establecer qué proporción del dinero se destinó a cada provincia, muestran una fuerte concentración de las inversiones en la región central del país.
Una brecha
Más allá de la reducción de los montos invertidos, el informe identifica una dificultad estructural: la existencia de inversores interesados en generar impacto y de organizaciones que necesitan financiamiento no garantiza que ambos puedan encontrarse y concretar operaciones.
El 42% de los inversores consultados señaló restricciones vinculadas con la disponibilidad de capital, mientras que el 40% de las organizaciones receptoras manifestó dificultades para encontrar inversores que compartan sus objetivos de impacto.
A esta desconexión se suman las limitaciones de algunas organizaciones para desarrollar proyectos financieramente sólidos y las dificultades para incorporar los objetivos sociales y ambientales a las decisiones de inversión.
“Construir evidencia rigurosa y comparable en el tiempo es clave para entender un mercado que todavía está en formación. Los datos muestran que el desafío no es solo movilizar más capital, sino generar las condiciones para que llegue a proyectos con impacto medible y retornos sostenibles”, señaló Eugenia Concina Haín, directora de Programas de Prosperidad de Fundación Alimentaris.
Durante 2025, el relevamiento identificó 96 inversiones de impacto por 179 millones de dólares, impulsadas por 50 inversores y destinadas a 87 organizaciones receptoras, por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales.
Seis de cada diez operaciones fueron inferiores a 150.000 dólares y el 83% se estructuró a plazos de tres años o menos.
Esta predominancia de inversiones de corto y mediano plazo puede representar una limitación para financiar transformaciones sociales y ambientales que requieren procesos más prolongados.
Los objetivos sociales fueron los más frecuentes entre las inversiones analizadas (48%), seguidos por los sustentables (29%) y los ambientales (20%). Entre los sectores que concentraron mayor actividad se destacan alimentos y agricultura, salud y manufactura, en muchos casos combinados con componentes tecnológicos.
Otro dato significativo es que el 95% de las inversiones buscó obtener una rentabilidad igual o superior a la del mercado. Esto muestra que los inversores de impacto procuran compatibilizar resultados financieros con objetivos sociales y ambientales, sin que ello implique necesariamente resignar rentabilidad.
¿Cuánto impacto?
La medición del impacto aparece como otro desafío para el crecimiento del sector. Aunque el 68% de los actores relevados considera estratégica esta tarea, los costos, la complejidad de los procesos y la falta de metodologías homogéneas pueden convertirse en obstáculos, especialmente para las organizaciones más pequeñas.
El estudio plantea la necesidad de desarrollar herramientas que permitan demostrar los resultados sociales y ambientales de las inversiones sin imponer exigencias desproporcionadas que dificulten el acceso al financiamiento.
En este contexto, contar con información sistemática y comparable resulta fundamental para conocer la evolución del mercado y orientar las decisiones de sus distintos actores.
“En América Latina, la información sobre inversión de impacto está fragmentada debido a que no hay metodologías de medición consensuadas y buena parte de los datos no es pública”, explicó Fernanda Figueroa, directora del Mapeo y profesora e investigadora asociada del CESIS de la Universidad Austral.
En este marco, destacó que el informe permite poner a disposición información abierta para dimensionar el capital movilizado por el financiamiento sostenible y la inversión de impacto en la Argentina.
Un mercado con futuro
El informe plantea que el desarrollo de la inversión de impacto en la Argentina requiere mejorar la articulación entre los distintos actores, fortalecer las capacidades de las organizaciones que buscan financiamiento y generar instrumentos adecuados a las características de los proyectos.
También destaca la importancia de contar con un entorno regulatorio e institucional más previsible, promover incentivos para movilizar capital a largo plazo y reducir las desigualdades territoriales.
El Mapeo de Inversión de Impacto en Argentina 2025 fue elaborado por María Fernanda Figueroa Herrera, Estefanía Solari, Gonzalo Bernat y Federico de Cristo, investigadores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, junto con Fundación Alimentaris y organizaciones aliadas como GDFE, Sumatoria, SMS, El Núcleo, Ekhos y Oxygen Partners.
Más allá de la evolución de los montos invertidos, el diagnóstico deja planteado un gran desafío: generar las condiciones para que el financiamiento llegue a proyectos capaces de producir resultados sociales y ambientales medibles, con sostenibilidad económica y mayor alcance territorial.
