Informe: Emiliano Attadía
La situación de vulneración de derechos de la infancia exige atención urgente. Y también, contar con personal capacitado para dar respuesta inmediata en los dispositivos públicos de asistencia. Para lograr las intervenciones adecuadas es clave la tarea del Estado. Y también el aporte de las organizaciones de la sociedad civil familiarizadas con el trabajo en territorio.
Con esa premisa, en la provincia de Misiones se lleva adelante una experiencia de articulación que tiene como premisa lograr “trabajo infantil cero”. En 2020, la provincia modificó la Ley Orgánica de Municipalidades para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y erradicar el trabajo infantil.
Así, el gobierno provincial, a través de los ministerios de Trabajo, de Educación y de Desarrollo Social, junto con la ONG Desarrollo y Autogestión (DYA) –que desarrolla programas contra la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes-, impulsaron una iniciativa destinada a brindar herramientas a funcionarios que se ocupan de responder a situaciones de riesgo para las infancias.
Formar a los referentes
Se trata del Programa de Fortalecimiento para la Gestión de las Áreas Municipales de Niñez y Adolescencia, en el marco del cual, referentes de 50 municipios recibieron capacitación en Protección Integral y Derechos de la Infancia a lo largo de tres módulos.
El objetivo fue lograr equipos entrenados en el abordaje integral de situaciones de vulnerabilidad en las que se interviene, así como de acciones de sensibilización con la comunidad.
“Las áreas de Niñez y Adolescencia eran tan nuevas que necesitábamos brindarles apoyo. Se armó un programa de formación a 50 municipios.
Necesitaban trabajar con un sistema de protección a nivel local para garantizar los derechos y, además, que estos equipos se profesionalicen en cuestiones técnicas”, comenta Norma López, referente NEA de la organización DyA.
La formación apuntó a generar espacios de reflexión y visibilizar la importancia de la conformación de equipos capacitados para abordar desde el cuidado integral (físico, psicológico, de salud y desarrollo) las situaciones de vulnerabilidad en las que se interviene y de acciones de sensibilización con la comunidad.
Además, se acercaron recursos para la planificación estratégica de quienes se ocupan de la Protección Integral de niños, niñas, adolescentes. “Se planteó también que puedan pensarse hacia adelante. A esas áreas les toca siempre responder a las urgencias, en detrimento de poder planificar a un año o seis meses, de una manera más organizada”, reflexiona Andrea Wedekamper responsable del área de comunicación de la institución.
Trabajo fructífero
Durante el desarrollo del programa, los funcionarios públicos pudieron comprender que un sistema de protección integral es la corresponsabilidad de todas las áreas de educación, de salud, de desarrollo social y de la misma sociedad civil.
Si bien la organización trabaja en la planificación de nuevos talleres en otros municipios, ya registran avances con el programa. “Como resultado, los participantes terminaron con un registro de todos los compañeros de la zona que están a cargo de las áreas de niñez, para poder comunicarse e intercambiar. Además, obtuvieron un diagnóstico de su localidad y un análisis de fortalezas, debilidades y sugerencias técnicas para avanzar en sus objetivos que se proponían en la planificación y toda una ruta de atención”, enumera López.
Corresponsabilidad por los derechos
Como parte del trabajo de articulación entre Estado y DYA, en los municipios misioneros de Apóstoles y Aristóbulo Del Valle se implementa el denominado Instrumento de Corresponsabilidad para la Protección del Derecho a la Educación (ICoProDE), cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación y es impulsado por la Subsecretaría de Educación de Misiones y DyA.
El ICoProDE es un dispositivo de escala municipal diseñado para construir escenarios de cogestión con anclajes locales articulando políticas nacionales, provinciales y locales. En esos marcos situados localmente (mesas de gestión), se planifican y ejecutan acciones para que los niños, niñas y adolescentes de cada municipio puedan diagramar sus proyectos de vida según sus intereses y deseos.
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Trabajo Infantil
Según el informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, la cantidad de niños que trabajan se eleva actualmente a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años.
Ley 26.390/2008 de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente sancionada en 2008, prohíbe el trabajo infantil y establece modalidades de protección del trabajo adolescente. Fija la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea el empleo remunerado o no.
