Organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad exigen que se implemente la validez permanente del Certificado Único para simplificar los trámites. Los reclamos pendientes que deberá contemplar la nueva Ley.
Por Andrea Vulcano
Injusto, engorroso, ridículo, angustiante. Una pérdida de tiempo y de dinero. Así definen familiares de personas con discapacidades de carácter permanente al trámite que cada tres años se ven obligados a encarar para poder renovar el llamado Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Se trata de la llave para poder acceder -no sin otra innumerable cantidad de trabas, padecimientos y obstáculos- a la cobertura del 100% en medicamentos, equipamiento y tratamientos, a la percepción de asignaciones familiares, y al uso gratuito del transporte público, entre otros aspectos.
“Un trámite inútil”
“La renovación cada tres años del Certificado Único de Discapacidad es un trámite inútil que a las personas con discapacidad y a las familias de personas con discapacidad nos genera muchísima ansiedad, tiempo, dinero y angustia”, plantea la actriz y cantante Julieta Díaz.
Así lo denuncia en un video con el que se puso al frente de una campaña de recolección de firmas para reclamar que se elimine ese trámite cuando se trata de personas con discapacidades permanentes. Ella es mamá de Elena, de 7 años, que padece parálisis cerebral leve.
Este reclamo es tan solo uno de los múltiples planteados en el camino hacia la definición de una nueva Ley Nacional de Discapacidad que reformule de fondo el enfoque de la actual norma, dictada en 1981, durante la última dictadura cívico-militar.
Del mismo modo que Julieta Díaz, Verónica Kuljko plantea que “es muy injusto, engorroso y ridículo” que las personas con discapacidad permanente deben “someterse a trámites interminables para demostrar, una y otra vez” que tienen esa condición para obtener así el CUD. “Que una discapacidad sea permanente, significa que es para toda su vida”, asegura esta mamá, creadora de una petición que lleva reunidas hasta el momento más de 160 mil adhesiones.
Las demandas y asignaturas pendientes en lo que atañe al efectivo acceso a derechos por parte de personas con discapacidad se multiplican a lo largo y ancho del país, y en distintos órdenes. “Muchas personas hoy no tienen sus prestaciones porque hay obras sociales que no pagan a los prestadores”, plantea Gilda Kriskovich Obregon, mamá de un adolescente con discapacidad. “Muchas veces sus derechos son vulnerados al no recibir los servicios, medicamentos o terapias que les deben brindar las obras sociales, y eso pasa principalmente porque los prestadores son pésimamente pagados”, señala.
Deuda histórica
Delineada hace ya 40 años, incluso en el marco de la última dictadura militar, la Ley 22.431 de Discapacidad no reconoce a la persona con discapacidad como alguien que participa activamente de la sociedad sino solamente como receptora de acciones de cuidado. Se trata de una perspectiva asistencial, proteccionista, centrada en el ámbito médico.
Con el objetivo de ir hacia una nueva ley que “garantice la igualdad y la autonomía de todas las personas con discapacidad”, la actual gestión de Gobierno realizó este año una ronda de consultas federales -desplegadas en distintos puntos del país- con miras a la definición de un proyecto para una reforma integral de la actual ley. Nueva Ley de Discapacidad | Argentina.gob.ar
En este sentido, al concurrir recientemente a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, adelantó que “en las próximas semanas” el Poder Ejecutivo enviará al Congreso la iniciativa, enmarcada a “una fuerte decisión política” de “restituir y ampliar derechos” de las personas con discapacidad.
Más información:
Si querés sumarte a la campaña para que se elimine la renovación del Certificado Único de Discapacidad, podés firmar aquí:
Change.org/PrestadoresDiscapacidad
Change.org/SUBEsinDiscriminacion
