Las organizaciones integrantes del Colectivo Infancia en Deuda, presentaron un amparo ante la inminente acefalía de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecida por la Ley 26.061.
El 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora, y las chicas y chicos del país quedarán desprotegidos de no darse curso a la acción judicial. La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia.
Para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), el amparo de Infancia en Deuda y otras organizaciones requiere, por un lado, que el Senado nombre a las y los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. El objetivo es asegurar que el Congreso desarrolle el concurso y designe a las nuevas autoridades de la Defensoría con la mayor celeridad posible.

Prevenir daños
Por otro lado, el amparo solicita que, hasta tanto no se celebre el concurso público se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños.
El escrito demanda cautelarmente la designación de una (o más) personas idónea/s para ejercer las funciones de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde el cese del mandato de la Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente.
En conclusión, el amparo y su medida cautelar tienen por objeto asegurar el funcionamiento de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cómo institución fundamental para la promoción y protección de sus derechos.
Las organizaciones que impulsan el amparo son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) |