Más de 60 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.
A través de un comunicado conjunto, las instituciones solicitaron que el Gobierno nacional deje sin efecto el decreto reglamentario, que fue publicado el 2 de septiembre en el Boletín Oficial, y garantice el pleno acceso a la información que se encuentra en manos del Estado.
“El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”, indicaron en el comunicado.
Además, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un documento a través del cual califica al Decreto 780/2024 como una norma “inconstitucional” que “restringe los principios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y en el Acuerdo de Escazú”.
¿Cómo afecta el Decreto 780/2024 al cuidado del ambiente?
A través del documento titulado Un decreto inconstitucional que obstaculiza el acceso a la información pública, FARN plantea que, para cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y el deber de protegerlo, es necesario contar con información adecuada.
En ese sentido, desde la organización aseguran que el Decreto 780/2024, al restringir el acceso a la información pública, afecta un derecho esencial para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones relacionados con las evaluaciones de impactos ambientales y el ordenamiento ambiental del territorio.
Y agregan: “El acceso a la información pública constituye una herramienta clave para la protección ambiental, ya que permite supervisar y controlar la gestión pública, promoviendo la transparencia en el funcionamiento del Estado”.
Participación ciudadana
Entre los principales puntos cuestionados del Decreto 780 se encuentran: la ampliación de las facultades de los funcionarios públicos para determinar qué tipo de información se brinda y cuál no; la amenaza con aplicar sanciones a quienes peticionan de manera reiterada información; la afectación de la transparencia en los actos de gobierno.
“En numerosas ocasiones, los dictámenes preliminares resultan relevantes para el diagnóstico de cuestiones ambientales. Convertirlos en invisibles para las personas es una forma de obstaculizar la participación social y la formación de una ciudadanía robustamente informada”, aseguraron desde FARN.
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