Por Javier García Moritán*
Hasta hace poco, existía un consenso claro sobre el rol del sector privado para el desarrollo: además de crear riqueza, se esperaba que gestione las expectativas de sus públicos de interés en base a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y alineara su impacto al negocio.
Desde la evolución de la filantropía corporativa en los años 90 hasta la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Sustentabilidad en las primeras décadas del siglo XXI, se establecieron mecanismos para que cada empresa evaluara su impacto y gestionara los aspectos éticos, sociales y ambientales vinculados a su actividad. Además, con la introducción del análisis de materialidad la empresa decide sus prioridades de sostenibilidad a través de un proceso de consulta con sus stakeholders.
Sin embargo, esta evolución virtuosa ofrece una contracara no siempre a la luz y es que el eje de las conversaciones con los públicos de interés gira en torno al impacto empresarial en sí: sea para medirlo, clasificarlo o gestionarlo.
Aquí radica el límite de este modelo lineal. La envergadura de las crisis actuales, que son multidimensionales e incluyen pobreza y desigualdad, emergencia climática y debilitamiento de las instituciones democráticas, demanda herramientas diferentes.
Pues si bien es loable incluir el impacto en todos los procesos, centrarse en la parte en lugar del todo puede actuar como anteojeras: angostando la mirada y haciéndonos perder de vista el contexto que nos convoca, nos conforma y nos confiere identidad.
Si hay algo que nos enseña el cambio sistémico –bien expresado por la Gestalt—, es que la suma de las contribuciones individuales, de cada empresa o fundación, es insuficiente para resolver los problemas estructurales. Si de verdad queremos vivir en una sociedad con más oportunidades, debemos reconocer que no basta con lograr las mejores certificaciones o tener el programa de sustentabilidad más reconocido.
Pues aún si otras empresas alcanzaran un buen desempeño y profundizaran su foco de inversión social, es tan grande la dispersión de esfuerzos que ese modus operandi solo podría hacer la diferencia en Escandinavia. ¿Podemos en nuestras comunidades fracturadas desperdigar recursos y energías en temas tan variados por empecinarnos con el propio impacto?
Co-construir la misión
La idea de que sólo alineando esfuerzos podemos impulsar el desarrollo sostenible nos lleva a considerar lo multiactoral. Este enfoque comienza cuando las instituciones reconocen su papel en la promoción del bien público y acontece allí donde terminan sus responsabilidades formales. Por más dificultades que represente la asociatividad, no hay acción más esencial y a la que se subordine todo lo demás que levantar un objetivo común.
Por este motivo la acción colectiva no se reduce a “hacer cosas juntos” o a concebir la articulación como fin en sí misma. La eficacia transformacional estará dada si somos capaces de co-construir una misión que nos implique.
Abrazar una misión común supone la elección de una meta suficientemente ambiciosa y que por ello no puede alcanzarse individualmente. Ese es el camino por el que la humanidad logró poner al hombre en la Luna hacia fines de los sesenta y tras una revolución colaborativa de más de cuatrocientas industrias y sectores que respondieron a esa convocatoria multiactoral. O en Latinoamérica, el caso de Medellín que redujo en un 96,3% la tasa de homicidios en dos décadas cuando en 1991 era la ciudad más violenta del mundo. O Sobral, el municipio brasileño que pasó del puesto 1336 al 1° en calidad educativa, en diez años, venciendo el abandono escolar y logrando que todos los estudiantes se gradúen con los conocimientos adecuados para la edad.
La acción colectiva que promovemos desde el Grupo de Fundaciones y Empresas, es la razón de ser del Laboratorio Público-Privado para movilizar lo mejor de las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos en cada una de las ciudades donde interviene. Y también es el desafío que asume la Mesa de Incidencia en Educación al reunir la mejor inversión social privada de fundaciones y empresas líderes ya no movidas por impulsar el mejor programa individualmente sino convergiendo en torno a un objetivo superador.
En suma, la acción colectiva es la alternativa que emerge con contundencia desde el ecosistema de la inversión social y es el antídoto contra la polarización, vehículo para reconstituir el tejido social y argumento para encontrar pluralmente la manera de darnos a nosotros mismos las soluciones a los males sociales que nos aquejan.
Javier García Moritán es Director Ejecutivo de GDFE y autor del libro La Acción Colectiva. Hacia un capitalismo de Bien Público ya disponible en todas las librerías
