Por Leandro Gómez, Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
El viernes 21 de abril concluyó en Buenos Aires la 2da Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es fortalecer la participación ciudadana en decisiones ambientales, asegurar el acceso a información y justicia en asuntos ambientales y proteger a los defensores de derechos humanos.
La conferencia tuvo resultados positivos, como la conformación del Comité de Apoyo y Cumplimiento para garantizar la plena implementación en los países miembro de los derechos establecidos en el Acuerdo. Además, se establecieron los pasos a seguir para la elaboración de un plan de trabajo que busca definir acciones concretas para la protección de defensores del ambiente.
Por más justicia ambiental
Es crucial seguir sumando países y fortaleciendo el acuerdo a nivel regional, así como avanzar en su implementación efectiva tanto a nivel regional como nacional. Además, es importante tener en cuenta que no es suficiente que los estados sean parte y hayan ratificado el acuerdo, sino que también deben avanzar en su implementación concreta en sus respectivos territorios.
En Argentina, el Estado continúa fomentando actividades enfocadas en la explotación de bienes comunes y son numerosos los casos en los que se obstaculiza el acceso a información y justicia ambiental, lo que vulnera los derechos de las comunidades locales. Problemas que deben ser abordados de manera urgente y efectiva.
Un ejemplo es lo que sucede en el caso de los humedales altoandinos, amenazados por el avance de la minería de litio, que impacta principalmente en el agua, su disponibilidad y calidad.
Esta actividad extrae grandes cantidades de agua, tiene una afectación directa en todos los elementos del ambiente y en las formas de vida de las comunidades que habitan en esos ecosistemas.
Por eso, es fundamental que las comunidades locales formen parte del proceso de toma de decisiones sobre los humedales altoandinos en los que habitan. Hoy en día no son consultadas, y sus perspectivas y decisiones son ignoradas.
El Acuerdo de Escazú tiene que ser un punto de partida para el fortalecimiento de la democracia ambiental de nuestro país y de la región. El principal desafío es lograr que los países implementan de manera plena lo establecido en el acuerdo, a través de políticas concretas que reafirmen nuestros derechos ambientales.
