Organizaciones sociales, intelectuales y ex funcionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron su preocupación por el cierre definitivo del organismo, anunciado por el Gobierno nacional. Consideran que esa decisión vulnera la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
Ante el anuncio oficial distintos referentes del sector social alzaron su voz para cuestionar la medida que afecta al organismo fundado en 1995 por una ley que se sancionó en respuesta a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA.
Proteger los derechos
Desde la Fundación Huésped cuestionaron la medida. “En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos”, afirmó Leandro Cahn, director ejecutivo de la institución Además, consideró que el Inadi es “un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia”.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se expresó a través de la red X “La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”. Y ampliaron: “La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”.
Por su parte, Amnistía Internacional Argentina destacó que “fuimos el primer país en el mundo en tener un organismo que atiende denuncias por discriminación”.
“Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que promuevan la diversidad e igualidad. El INADI no puede ser disuelto por la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, pues fue creado por el Congreso para la protección y defensa de todas las personas que sufren discriminación”, escribió la ONG en su cuenta de X.
Inclusión de la diversidad
Por su parte, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre “la gran discriminación que afecta a muchos grupos vulnerados en la Argentina. Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente”, afirmó.
También Manu Mireles, secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, consideró que esta decisión “implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos. Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación”, aseguró Mireles y recordó que “articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género”.
