Por Desiré Salvador
“Argentina tiene un potencial muy significativo en el mercado de carbono por la escala de sus recursos naturales y productivos y por la diversidad de sectores capaces de generar reducciones o capturas de emisiones: agro, forestación, conservación y restauración de bosques, energía, industria, transporte y gestión de residuos, entre otros”, indica Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.
Ese potencial ya empieza a traducirse en iniciativas: actualmente, existen aproximadamente 2 millones de hectáreas bajo proyectos de carbono en el país. “El desafío es transformar ese potencial físico y técnico en un mercado capaz de atraer inversiones, generar empleo, divisas y desarrollo territorial, con reglas claras que permitan dar previsibilidad a quienes desarrollan e invierten en estos proyectos”, añade Cano.
El marco regulatorio, la clave
Un punto clave para el desarrollo de proyectos es el marco normativo. A nivel regional, en distintos países de América Latina ya avanzaron con marcos regulatorios, mecanismos de autorización y esquemas para vincular sus iniciativas con mercados internacionales, especialmente en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París.
“La situación argentina es diferente: hoy buena parte de los proyectos se canaliza principalmente a través del mercado voluntario, mientras persisten incertidumbres respecto del acceso a mercados de cumplimiento y de los procedimientos de autorización estatal”, aclara Cano.
En este contexto, recientemente las comisiones de Legislación General, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación están debatiendo tres proyectos de ley vinculados con la regulación del mercado de carbono nacional.
Desde la Mesa, señalan que esa falta de previsibilidad coloca al país en desventaja frente a otros mercados de la región. “Por eso el debate normativo no busca crear desde cero una actividad inexistente, sino dar reglas claras a un ecosistema que ya existe y permitir que Argentina pueda competir en igualdad de condiciones con otros países”.
Ante esta situación, la principal ventaja de contar con una ley es la previsibilidad. “Desde la Mesa Argentina de Carbono se identificaron tres definiciones básicas que una normativa debería resolver: quién es titular del crédito de carbono, cuál es su naturaleza jurídica y cómo pueden los proyectos argentinos acceder de manera competitiva a los mercados internacionales.”
Esto generará las condiciones para atraer inversiones, ya que le permitirá a quien invierte en un proyecto sepa qué derecho posee sobre los créditos generados, cómo serán tratados jurídica e impositivamente y bajo qué reglas podrá comercializarlos.
“Los proyectos pueden desarrollarse con inversión privada, pero requieren que el Estado garantice reglas previsibles, seguridad jurídica y mecanismos de acceso a los distintos mercados”. afirma Cano.
Con esas condiciones, el carbono puede funcionar como una fuente adicional de financiamiento para actividades productivas y de conservación, atraer inversiones y generar nuevos empleos e ingresos en las economías regionales.
Lesgislar bien
En cuanto las objeciones, Cano indica que “Una mala ley puede ser tan problemática como la ausencia de ley”. Por ejemplo, un esquema excesivamente burocrático, con autorizaciones discrecionales, costos elevados o restricciones innecesarias podría desalentar inversiones y volver inviables proyectos que hoy tienen potencial.
También es importante evitar ambigüedades respecto de la titularidad de los créditos, su tratamiento jurídico o la relación entre proyectos privados y compromisos internacionales del país.
“Otro aspecto central es la integridad: los mercados necesitan mecanismos confiables de medición, trazabilidad, certificación y prevención del doble conteo para que los créditos mantengan valor y credibilidad”.
Por eso desde la Mesa no plantean “legislar más”, sino legislar bien: con reglas claras, simples, previsibles y compatibles con estándares internacionales. “La finalidad debería ser dar certeza y abrir oportunidades, no sumar una nueva capa de obstáculos”, finaliza Cano.
Atender al impacto
Por su parte desde FARN -Fundación Ambiente y Recursos Naturales-, advierten que la regulación del mercado de carbono no es solo una cuestión técnica o financiera. “Sus efectos pueden tener consecuencias directas sobre los territorios y las comunidades, así como sobre la gestión de los ecosistemas, la biodiversidad, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de regulaciones locales vigentes y de los compromisos climáticos internacionales asumidos por el país”, expresaron en un comunicado.
Por lo tanto, existen dos puntos importantes: el primero, es que la implementación de este tipo de herramienta está asociado a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) por parte de los países. En este punto, la Argentina está en incumplimiento del Acuerdo de París, ya que no presentó la actualización de su contribución, que debería realizarse en 2025 y, la “presentación de las NDC es uno de los requerimientos vinculantes del Acuerdo de París para países como Argentina”, advierten desde FARN.
En segundo lugar, los riesgos que indican desde FARN: aquellos vinculados con los impactos que los proyectos pueden generar sobre los ecosistemas, la biodiversidad, los territorios y los derechos humanos.
“La integridad de estos mecanismos no puede evaluarse únicamente en toneladas de CO₂: debe considerar también cómo se generan esas reducciones o remociones, dónde ocurren, quiénes se ven afectados y cómo se distribuyen sus costos y beneficios”.
Por último, desde Periodistas Ambientales, también agregan que sus efectos pueden tener consecuencias directas sobre los territorios, los derechos de las comunidades, la gestión de los ecosistemas y el cumplimiento de compromisos internacionales. “Además, en el contexto argentino, la cuestión central no es regular un nuevo mercado, sino definir en qué condiciones este instrumento, creado en el marco del Acuerdo de París, puede contribuir de manera efectiva a la acción climática argentina”.
Actualmente, la Ley se encuentra pendiente a tratar en el Senado, para la obtención de su dictamen.
Mercado de Carbono ¿Cómo funcionan?
Estos mecanismos permiten comprar, vender o compensar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente de dióxido de carbono (CO₂). Para ello, se asigna un valor económico a la reducción o captura de emisiones y, de esta manera, se convierten en un bien que puede comercializarse: el crédito de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂ que se evitó emitir a la atmósfera o que fue capturada de ella.
Estos créditos pueden generarse a partir de diferentes iniciativas, como la conservación y recuperación de bosques, el desarrollo de energías renovables o la implementación de medidas de eficiencia energética.
