La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales.
Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina.
Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género.
Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.
Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.
La voz de las organizaciones
En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.
La situación señalada es alarmante: sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia.
En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional.”
Principios internacionales
El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.
Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.
