La acción busca que se tomen medidas urgentes y efectivas para corregir los impactos devastadores de esta infraestructura.
El canal fue diseñado para abastecer agua para consumo humano y desarrollo ganadero. Fue construido por medio de una excavación en tierra a fines de los ‘70, pero no cumplía sus objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. En 2020 el Gobierno provincial, con financiamiento del Estado Nacional, decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, abarcando unos 180 km, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando además un segundo ramal, lo que eleva su extensión a 250 km totales.
Una trampa mortal para la fauna
El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, convirtiéndose en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir, muriendo ahogados.
Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los mismos no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños. Esto es especialmente crítico, dado que la obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta.
Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27.9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos. De esta forma, las especies ya presionadas por este grave contexto ahora encuentran otra amenaza para su subsistencia.
Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles.
Hábitat en peligro
Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local. Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba.
Un factor de alta preocupación es la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las poblaciones que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.
Una demanda colectiva
Dada la falta de respuestas efectivas, incluso luego de la Resolución N° 53/24 emitida por la Defensoría del Pueblo de la Nación el 13 de diciembre del año 2024 intimando al gobierno nacional y provincial para que adopten medidas correctivas y de mitigación sobre esta infraestructura, se ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia.
La demanda cuenta con el apoyo de numerosos informes científicos respaldados por expertos de prestigiosas instituciones e investigadores del país, como la FCEN-UBA, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Comahue, el CONICET, entre otras instituciones.
Mediante la demanda se solicita la implementación por parte del Gobierno Nacional y Provincial de un Plan de Recomposición del ambiente afectado por el Canal de la Patria, que incluya:
- Monitoreo para detectar muertes de animales, lugares, especies y el estado de potabilidad del agua.
- Zonificación mediante la elaboración de un mapa general de la obra, identificando tramos para entubamiento y posibles bebederos.
- La proyección de obras de mitigación y los plazos mediante un plan de trabajo para su ejecución.
- Elaboración de un plan de gestión ambiental integral que permita evaluar el avance de las medidas de mitigación, sus resultados y adoptar correcciones necesarias.
Esta acción busca que se tomen medidas de mitigación que, sin afectar su funcionalidad en relación al abastecimiento de agua, eviten la extinción de especies amenazadas.
“La demanda por daño ambiental se funda en una obra pública que ha sido mal diseñada (nunca se tuvo en cuenta los efectos graves que produce sobre los animales y la biodiversidad) y luego de construida nunca fue monitoreada ni corregida. El canal debe existir porque sirve para el desarrollo de la región del Chaco Seco, pero debe existir sin comprometer la biodiversidad de esa ecorregión” expresó José Esain, abogado patrocinante de las organizaciones que llevan adelante la demanda.
Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN. “Desde FARN creemos que el desarrollo puede y debe ser compatible con la conservación. Urge rediseñar esta infraestructura para garantizar el acceso al agua —como derecho humano fundamental— sin destruir la vida que depende de estos ecosistemas.”
Manuel Jaramilllo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. «El acceso al agua segura, asequible y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo el consumo, la higiene personal y la preparación de alimentos es reconocido como un derecho humano fundamental por la ONU y la legislación internacional. Por ello es relevante que el estado nacional y provincial desarrollen infraestructura acorde para satisfacer este derecho».
