Déficit estructural de vivienda: afecta a 10% de la población

En Argentina, más de cinco millones de personas habitan más de 6000 barrios populares, es decir un 10% de la población nacional.

La falta de planificación urbana integral y el déficit estructural de vivienda dieron lugar a una expansión sostenida de estos barrios, caracterizados por el acceso restringido a servicios básicos, la falta de infraestructura adecuada y condiciones de vida muy por debajo de los estándares mínimos establecidos en diversos tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional.

A partir de la visibilización generada por las organizaciones sociales, religiosas y comunitarias, en los últimos años se registraron avances significativos en la agenda pública vinculada a la integración de barrios populares.

Sin embargo, durante 2024 se produjo una regresión preocupante en este campo, con el desfinanciamiento de políticas clave y la fragmentación de las acciones tanto a nivel nacional como de los gobiernos locales, que interrumpió procesos de transformación que venían desarrollándose.

Estado de situación

En el año 2024, el Observatorio Villero de La Poderosa, ACIJ, y la Fundación TEMAS, con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA), se realizó un relevamiento de condiciones habitacionales en nueve barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego. La muestra alcanzó a 1485 hogares, abarcando un total de 5024 personas.

El objetivo de ese informe es por un lado, visibilizar las desigualdades persistentes y los costos que asumen las familias para sostener su vida cotidiana en contextos de precariedad estructural y; por otro lado, aportar herramientas para la incidencia en políticas públicas que reconozcan estos territorios como parte integral de la ciudad y garanticen el cumplimiento efectivo de derechos básicos.

Algunos datos del informe:

En los nueve barrios analizados, entre el 20 % y el 30 % de la población tiene 14 años o menos, mientras que casi no hay presencia de personas mayores a 75 años. Además, el 41 % de las familias recurre a comedores comunitarios, cifra que llega al 60 % en algunos barrios.
El 90 % de los hogares enfrenta un alto riesgo ambiental, según un índice que considera la presencia de plagas, acumulación de basura y proximidad a fuentes contaminantes.
Solamente el 27 % de las viviendas relevadas se ubica sobre calles asfaltadas y el 46 % sobre calles de tierra.
Apenas el 15 % de las viviendas alcanza una calidad constructiva suficiente. Además, cerca de la mitad presenta grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20 % y el 45 % carece de agua caliente o lavamanos en el baño.
En cuanto al acceso a los servicios públicos, la situación es crítica: el 73 % de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad, y un 11 % directamente no cuenta con ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios públicos.
El 50 % de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales (alcanzando picos del 95 % en algunos barrios), y el 63 % se conecta de manera precaria a la red eléctrica. Estos niveles de informalidad y precariedad implican mayores costos, aumentan el riesgo de accidentes y limitan las oportunidades educativas y laborales.