El mercado de capitales argentino comienza a moverse bajo nuevas reglas. La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1115/2026, que introduce modificaciones en el régimen informativo de las empresas que cotizan en bolsa y pone a la sostenibilidad en el centro de la escena.
A partir de ahora, las compañías deberán incluir en su Memoria Anual una sección específica dedicada a su política ambiental o de sostenibilidad, junto con indicadores que permitan medir su desempeño. La exigencia formaliza una práctica que hasta hace poco era voluntaria y, en muchos casos, periférica.
El cambio no es solo técnico. Marca un desplazamiento en la forma en que se evalúa el valor de una empresa. Los factores ambientales, sociales y de gobernanza —conocidos como criterios ESG— comienzan a consolidarse como información relevante para quienes toman decisiones de inversión.
Insumos centrales
En ese cruce entre regulación, financiamiento y sostenibilidad se configura una nueva etapa para el mercado local. La medida alinea a la Argentina con estándares internacionales que ya consideran el impacto ambiental y social como parte del análisis de riesgos. Para inversores institucionales y organismos multilaterales, estos datos dejan de ser complementarios y pasan a ser insumos centrales.
El proceso, sin embargo, no parte de cero. Según datos de SMS Buenos Aires, cerca del 47% de las empresas listadas ya presentaron reportes de sustentabilidad en 2025. La cifra refleja un crecimiento sostenido en los últimos años y anticipa un escenario en el que la transparencia en estos temas será cada vez más exigida.
La resolución de la CNV funciona, en este contexto, como un punto de inflexión: transforma una tendencia en obligación y establece un piso común para todas las empresas bajo oferta pública. También abre un nuevo desafío: pasar del cumplimiento formal a la integración real de la sostenibilidad en la estrategia de negocio.
