El beneficio alcanzará a los chicos y chicas de hasta 17 años que se encuentran en dispositivos residenciales y familiares. El análisis de Doncel, la organización que acompaña a jóvenes en sus procesos de reinserción. Y el reclamo de los hogares monomarentales
A partir de ahora, los niños, niñas y adolescentes que permanezcan en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado recibirán el pago mensual de la Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social.
La medida apunta a garantizar que «los niños y niñas deben ser tratados como sujetos de derecho para que puedan crecer en una ciudad más igualitaria», afirmó el Presidente Alberto Fernández al anunciarla.
Un derecho alcanzado
Para la implementación de la medida, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) gestionará con las entidades financieras con las que tenga convenios de pagos, la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de la prestación y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social suscribirá convenios bilaterales con las provincias para asegurar que la medida alcance a chicos y chicas de todo el país.
Equidad para las infancias
«Gracias a la lucha por visibilizar la realidad de esta población se amplió la AUH para que incluya a alrededor de 10.000 chicos y chicas que viven en dispositivos de cuidado residenciales o familiares», señalaron los responsables de Doncel, la asociación civil que promueve los procesos de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes e impulsa la inclusión sociolaboral de jóvenes al egreso de las instituciones de cuidado estatales. En diálogo con Intersección, la Directora Ejecutiva de Doncel, Dana Borzese analizó el impacto de esta medida:
-¿Cómo impacta la AUH a los chicos y chicas en esta situación?
La celebramos ya que implica seguir construyendo equidad en las infancias, en particular reconociendo a los niños, niñas y adolescentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad y vulneración de sus derechos porque han sido separados de sus familias.
Se trata de que los alrededor de 10.000 NNYA que están en algún cuidado alternativo al de sus familias de origen y residen en hogares convivenciales, familias de acogimiento o de tránsito puedan percibir esta prestación que les corresponde y que les permitiría acceder a sus derechos y disfrutar del ocio, la recreación, el deporte, las salidas entre pares, entre otros.
-¿Qué otra medida queda aún pendiente para estos chicos y chicas?
La prioridad en relación al cumplimiento de derechos de niños y niñas que crecen separados de sus familias es la de garantizar que ésta sea por el menor tiempo posible y que sea en entornos familiares. Actualmente la opción predominante que se brinda es en Hogares convivenciales y los tiempos de permanencia promedio es de 6 años cuando no debería superar los 6 meses. Además, es clave que se garanticen estándares de calidad en los cuidados que se brindan y para ello, es fundamental escuchar lo que niños, niñas, adolescentes y jóvenes con experiencia en el sistema tienen para decir sobre lo que debe cambiar y mejorar.
-El tema de la inserción social/laboral de estos jóvenes ¿sigue siendo una limitante o se han articulado acciones para favorecerlo?
Si sigue siendo una preocupación. El acceso al trabajo y la vivienda son las 2 preocupaciones principales de los y las jóvenes. Sin embargo, es importante decir que el Programa de Acompañamiento del Egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales (PAE) que fue creado por la Ley 27.364 hace casi 6 años ha contribuido positivamente en la medida que garantiza un acompañamiento personal de un referente en la búsqueda de trabajo y de oportunidades y también una asignación económica que permite seguir estudiando, elegir dónde vivir y esto mejora las posibilidad de conseguir mejores trabajos en el futuro.
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Otro reclamo urgente
Por otra parte, través de la plataforma Change, lanzaron una petición para que también se otorgue asistencia a las familias a cargo de la madre. El reclamo, impulsado Paola Urquizo (Familias Monomarentales) y Cecilia Bertolino (Identidad Feminista), apunta a que ANSES «sólo tenga en cuenta los ingresos de la madre que tiene a su cargo a sus hijas e hijos para el otorgamiento de las asignaciones familiares».
Las impulsoras de la petición señalaron que «Somos casi 2.000.000 de madres criando solas en Argentina. El 66% de los papás separados no pagan alimentos y muchos más tampoco comparte los cuidados diarios».
En los fundamentos de la petición indicaron que «6 de cada 10 niños y niñas menores de 18 años son pobres, y el 53% de las familias monomarentales viven por debajo de la línea de pobreza. Esto es violencia de género contra las madres y sus hijas e hijos. Y es reforzado por ANSES, pues tiene en cuenta los ingresos del padre incumplidor para negarnos las asignaciones familiares, excluyendo a nuestros hijas e hijos de la seguridad social».
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