Organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad de diferentes provincias denunciaron que el sector se encuentra en emergencia a causa del atraso de 120 días en los pagos de los aranceles de prestaciones básicas.
La situación afecta a más de 200.000 familias con parientes con discapacidad a causa del cierre de algunas instituciones y la interrupción del transporte desde este mes.
«La grave situación que atraviesan los servicios de atención afecta a más de 200.000 personas con discapacidad debido al retraso arancelario que, a diciembre del 2023, alcanza a 100 puntos de desfasaje a causa de la falta de la actualización por parte del Estado Nacional a través del directorio del Sistema Único dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad», indicó Eduardo Maidana, vocero del Foro.
El vocero informó que durante 2023, los aranceles se incrementaron en «un 120,8% mientras que la inflación fue de un 211%. Es importante resaltar que el sistema único, que se enmarca en la Ley 24.901 de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad, abona los servicios brindados, a través de los entes obligados, entre los 60 y 90 días después de brindada la prestación».
Según detalló el representante del Foro, con una devaluación «del 118%» y un aumento del combustible del 215%, se hace imposible afrontar los gastos de funcionamiento. Por eso, se suspendieron desde el 1 de enero los traslados de personas con discapacidad porque los transportistas no cuentan con los recursos para pagar el gasto cotidiano de combustible».
En esta misma situación se encuentran otros servicios como hogares, centros de Día, centros educativos terapéuticos, escuelas, residencias, servicios de rehabilitación y estimulación temprana que «no pueden continuar afrontando los gastos operativos cuya consecuencia inmediata es una interrupción involuntaria en los servicios desde el próximo mes por falta de recursos».
Jornada de Visibilización
Tras convocar a una Jornada Nacional de Visibilización de la Emergencia en Discapacidad -para el próximo 31 de este mes- las organizaciones enumeraron las necesidades del sector que serán presentadas ese día al presidente Javier Milei a través de un petitorio y actos que se replicarán en todas las provincias.
«Estamos solicitando al Estado nacional que dé un incremento de aranceles del 100% retroactivo al mes de diciembre de 2023, en un 80% del precio del litro de combustible para el transporte, el pago dentro de los treinta días luego de brindada la prestación y un mecanismo de actualización mensual de acuerdo al Índice Precios del Consumidor», apuntó Maidana.
El cierre de instituciones en el corto plazo involucra a más de 100.000 puestos de trabajo que también se verán afectados.
