Por Andrea Vulcano
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, de derechos humanos y de defensa de la democracia expresaron su rechazo a las modificaciones que el oficialismo junto a aliados pretende incorporar a la Ley de Glaciares. Las entidades advierten que, de ser aprobados, los cambios reducirán los niveles de protección ambiental vigentes y habilitarán la expansión de actividades extractivas en zonas actualmente protegidas.
“El agua no se negocia”, señalaron las organizaciones en un escrito dirigido a los senadores nacionales de cara al inminente tratamiento de ese proyecto, que obtuvo dictamen en diciembre pasado en un plenario de comisiones de la Cámara alta.
Mientras desde el Gobierno y las provincias mineras se afirma que la iniciativa apunta a despejar “controversias interpretativas” para así dotar de “mayor seguridad jurídica” al marco normativo, desde la sociedad civil las organizaciones advierten sobre un intento de “vaciamiento” de la ley sancionada en 2010.
En ese sentido, expresaron “profunda preocupación” ante la posible “reducción de los niveles de protección ambiental actualmente vigentes” y la luz verde que eso implicaría para “la expansión de actividades económicas —particularmente la minería de gran escala— en áreas que hoy están protegidas por su importancia estratégica para la provisión y regulación del agua”.
Reservas hídricas estratégicas
Entre las OSC firmantes del documento figuran Greenpeace, Amnistía Internacional Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre, Aves Argentinas, Banco de Bosques, Ecohouse, Abogados Ambientalistas y WCS Argentina.
“Cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, plantearon.
“Sobre la base de los fundamentos legales y científicos expuestos, las organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestro más categórico rechazo a cualquier intento de modificar o reducir los niveles de protección de los glaciares y de su ambiente periglacial, los cuales constituyen reservas hídricas estratégicas para todas y todos los argentinos”, enfatizaron.
Qué establece la ley
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010. Se trata de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una norma pionera en el mundo que declara a esos espacios como bienes públicos y reservas estratégicas de agua dulce.
A ese marco normativo se le sumó un paso posterior: seis años más tarde, en 2016, la Argentina ratificó el Acuerdo de París, en línea con el objetivo a nivel global de reducir los gases de efecto invernadero y, así, disminuir la temperatura del planeta.
A eso se agregó otra norma: en 2019, fue sancionada la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (Nº 27.520), que establece que el Gabinete Nacional del Cambio Climático debe “evaluar las alteraciones sufridas por los sistemas glaciares y periglaciares desarrollando mecanismos destinados a su protección”.
A su vez, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030, en línea con los compromisos climáticos nacionales e internacionales asumidos por la Argentina, promueve la protección de estas reservas hídricas estratégicas.
La ley vigente reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de agua y bienes públicos. Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares (a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA) y prohíbe actividades como la minería, los hidrocarburos y las obras industriales en estas zonas.
¿En qué consiste la reforma?
La iniciativa que obtuvo dictamen en el Senado el 18 de diciembre de 2025 y que el Gobierno pretende aprobar antes de que termine el período de sesiones extraordinarias propone una serie de modificaciones orientadas a despejar supuestas “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma.
A la vez, busca fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.
Entre otros cambios, la reforma propuesta redefine el artículo primero de la Ley de Glaciares al precisar que el objeto de protección son los glaciares y periglaciares “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.
También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de “uso racional de los recursos naturales” consagrado en el artículo 41.
Además, propone delegar en las administraciones provinciales la determinación de qué glaciares y zonas periglaciares deben ser considerados alcanzados por la protección legal, un punto que concentra las principales críticas.
La posición de las organizaciones
“La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras”, señala Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
En tanto, en la carta suscripta por más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, las OSC advirtieron que, “en el actual contexto de sequías y retroceso de glaciares como consecuencia del cambio climático, cualquier modificación a la Ley de Glaciares debería ser progresiva y ampliar el nivel de protección evitando siempre dar pasos hacia atrás”.
“La conservación de los glaciares resulta fundamental en la lucha contra la crisis climática”, agregaron.
Por otro lado, las organizaciones firmantes indicaron que “los glaciares son recursos estratégicos particularmente vulnerables”, por lo tanto resulta crucial su “protección nacional a través del sistema de presupuestos mínimos”.
“La protección de estos ecosistemas no puede depender de decisiones aisladas ni de criterios dispares entre provincias”, subrayaron.
También la academia
“La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional no constituye una modificación técnica ni un ajuste normativo puntual (a la Ley de Glaciares), sino que afecta de manera directa los fundamentos constitucionales del sistema argentino de protección ambiental, poniendo en riesgo derechos colectivos de jerarquía constitucional y el andamiaje jurídico construido desde la reforma constitucional de 1994”, remarcaron, por su parte, un conjunto de juristas y académicos en una nota dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
En este punto, consideraron que la reforma propuesta por el Ejecutivo “no constituye una mera modificación” del marco normativo “sino que subvierte por completo el sistema vigente”.
“Su redacción desmantela la esencia de las Leyes de Presupuestos Mínimos: el objeto de ese tipo de normas es establecer un piso de regulación y que el techo lo pongan las provincias. En la modificación propuesta, se habilita que las provincias sean las que determinen la ‘función hídrica efectiva’ de glaciares y ambiente periglacial desconociendo la información científica brindada por el Inventario Nacional de Glaciares (ING)”, alertaron.
Los plazos
Si bien en principio el debate de la reforma a la Ley de Glaciares estaba previsto para el 11 de febrero, finalmente la sesión de ese día quedó íntegramente dedicada al debate de la reforma laboral, finalmente aprobada.
El proyecto del oficialismo referido a los glaciares e incluido en la lista de temas a tratar durante el período extraordinario de sesiones es el que obtuvo dictamen en un plenario de comisiones a fines de diciembre pasado.
Fuentes parlamentarias indicaron que el texto sería analizado en el recinto en una nueva sesión, antes de que arranque el período ordinario de sesiones, el próximo 1 de marzo.
De confirmarse ese escenario, la discusión tendría lugar durante la última semana de febrero, en un contexto en el que La Libertad Avanza continúa negociando apoyos con bloques aliados y con provincias mineras que respaldan las modificaciones propuestas, fuertemente demandadas por el sector empresario.
