Por Cecilia Galván, Directora de investigaciones e incidencia en Civic House/Civic Compass
En toda América Latina, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han convertido en actores esenciales para la defensa de derechos, el desarrollo social y la participación democrática. Sin embargo, su trabajo enfrenta un escenario cada vez más adverso marcado por restricciones legales, presiones financieras y transformaciones tecnológicas que redefinen sus posibilidades de acción.
De acuerdo con el informe Construyendo Resiliencia (Civic House, 2025), el espacio cívico atraviesa un proceso de deterioro en América Latina. Este cierre se refleja en leyes restrictivas, controles excesivos, burocracia, vigilancia y criminalización del activismo. Lo preocupante es que estas prácticas, antes propias de regímenes autoritarios, hoy aparecen también en democracias que limitan silenciosamente a la sociedad civil.
El sector sigue mostrando una fuerte capacidad organizativa. El informe contó con una encuesta a 264 OSC de la región. El 93% de las organizaciones encuestadas se encontraban formalmente constituidas y el 80% contaba con personal remunerado.
A pesar que más del 70% desarrolla planificación estratégica y evaluaciones institucionales, esa profesionalización no siempre se traduce en poder real ni en autonomía financiera.
Detrás de la imagen de modernización institucional persiste una realidad incómoda: más de la mitad de las organizaciones sobrevive con presupuestos anuales inferiores a 100.000 dólares, y gran parte de sus esfuerzos se destinan a sostener estructuras mínimas más que a expandir su impacto.
La mayor amenaza
La fragilidad financiera es hoy la mayor amenaza del sector: no solo por falta de fondos, sino por un ecosistema concentrado, regulaciones restrictivas y una cultura que refuerza la dependencia.
La escasez de capital, las trabas legales y la falta de equipos especializados impiden innovar y crecer. A ello se suma una nueva dimensión del problema: la brecha digital intra-sectorial. Aunque el 62% de las organizaciones declara tener infraestructura tecnológica “aceptable”, apenas el 18% la considera suficiente para sus necesidades reales. En un entorno donde la visibilidad y la incidencia dependen de lo digital, el rezago tecnológico genera una nueva exclusión dentro de la sociedad civil. Paradójicamente, mientras las OSC promueven la inclusión digital, muchas se están quedando atrás.
El caso argentino es paradigmático. No solo representa el 43% de la muestra del estudio, sino que resume con claridad la tensión entre profesionalización organizativa y fragilidad estructural.
Las OSC argentinas muestran altos niveles de formalidad y planificación, pero operan en un entorno económico volátil y restricciones financieras que limitan sus posibilidades de desarrollo. La incertidumbre presupuestaria impide planificar a largo plazo y obliga a sostener estructuras de trabajo al borde de la precariedad.
Resguardar el espacio cívico
La diversificación de ingresos es hoy una estrategia de supervivencia. Crece el modelo basado en donaciones individuales, impulsados por plataformas como Donar Online y la generación de ingresos propios, como la venta de servicios. No obstante, en 2025, se registró una caída en la tasa de recurrencia de donantes individuales, lo que compromete la previsibilidad presupuestaria de las organizaciones.
Aún así, el compromiso social sigue siendo un rasgo del país, con fuerte apoyo a la educación, los derechos humanos y la asistencia social. Pero esta energía choca con la falta de políticas de fomento y normas obsoletas que dificultan el financiamiento.
Fortalecer la resiliencia cívica exige reglas claras, recursos, libertad de expresión y protección de los entornos digitales. En América Latina, y especialmente en Argentina, el reto es no sólo resistir, sino construir estrategias sostenibles que resguarden el espacio cívico como bien democrático.
