viernes, febrero 23, 2024

Alquiler social, una deuda que lleva tres años

Reclaman la puesta en marcha del Programa Nacional de Alquiler Social, creado por la Ley de Alquileres de 2020, que nunca fue implementado.

Por Andrea Vulcano

La problemática habitacional es una de las más graves y angustiantes que atraviesa a diario la realidad de millones de personas y de familias, frente a un mercado signado por la especulación, la desprotección, el abuso y el desmanejo, y un Estado que, para los sectores medios o medios bajos de la sociedad, no ofrece respuestas.

En ese contexto, la organización de la sociedad civil Hábitat para la Humanidad lanzó una campaña de concientización -Alquileres Blue- “para sensibilizar sobre la problemática de la falta de acceso al alquiler formal”.

Es que, para quienes no logran acceder al mercado de inmuebles en alquiler -hoy incluso con la oferta incluso más acotada por la expansión de la modalidad temporaria, con valores dolarizados- las salidas son dos: la calle o los llamados “alquileres informales”, donde la vulneración de derechos también está a la orden del día.

Bajo esa modalidad, las personas pagan por un techo pero sin contrato ni normas que les den resguardo, previsibilidad y protección.

“Los datos nacionales más actuales son los del Censo de 2010 y de ahí se desprende que, solo en la Ciudad de Buenos Aires, existen 36.653 viviendas bajo las tipologías de inquilinatos, hoteles pensión y casas tomadas, y que la población que reside bajo estas formas alcanza a unas 103.963 personas, casi 46 mil hogares”, plantean desde Hábitat para la Humanidad Argentina (HPHA).

Sin datos, sin políticas

La pobreza, la precariedad laboral, el desempleo, son otras de las realidades que se hilvanan con la problemática de acceso a la vivienda. A eso se suma, señalan desde esta organización, el hecho de que “los institutos de vivienda provinciales enfocan las políticas en generación de vivienda nueva, y no llevan adelante diagnósticos sobre la problemática de las personas que necesitan ayuda para acceder a una vivienda por renta que permitan dimensionar el problema localmente”.

“El alto nivel de desconocimiento sobre la problemática no solo se traduce en falta de políticas públicas sino también en falta de estadísticas y datos específicos sobre el alquiler ‘informal’,

esto es pagar por vivir en un lugar sin contrato ni condiciones que aseguren un intercambio acorde al costo”, sostiene Juan Juri, uno de los referentes de esta OSC en declaraciones a Intersección. En este sentido, advierte que, “en líneas generales, aquello que suele debatirse alrededor de la Ley de Alquileres, no afecta a la población más vulnerable”.

El ovillo del que nadie tira

“Más que por una reforma de la ley, estamos abogando por la implementación del Alquiler Social, creado por la ley”, plantean desde Hábitat para la Humanidad. De esta forma, hacen referencia a la Ley 27.551 de Alquileres, sancionada en marzo de 2020, que -en su Título III- crea el Programa Nacional de Alquiler Social, cuyo potencial de respuesta a la problemática “aún es inexplorado” en la Argentina, señalan.

Esa política, indica la norma, está destinada a la “adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal”.

Según afirman desde Hábitat para la Humanidad, se trata de una política “probada en otros países de la región, que le permitiría a miles de familias acceder a una vivienda adecuada”.

Por ese motivo, desde la organización reclaman -y juntan firmas para sumar fuerzas (Change.org/AlquilerSocialYA)- que “el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación ponga en marcha una política de Alquiler Social de acuerdo con lo que marca la ley”. Lo que establece esa norma -subrayan- constituye “un gran hito que, al día de hoy, se encuentra trunco ante la falta de implementación”.

Según una encuesta realizada en 2021 por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de cada tres inquilinos e inquilinas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tenía deudas de alquiler. Ese mismo estudio confirmó también que la mayoría de los hogares inquilinos estaban en una situación económica crítica.

Alquiler social, una respuesta 

En base al diagnóstico de la problemática habitacional actual, Hábitat para la Humanidad creó un modelo de “alquiler tutelado” a través de la construcción de un edificio de nueve departamentos en el que, hasta el momento, “han vivido más de 30 familias y que busca interrumpir el historial de vivienda inadecuada, con una oportunidad de acceder a un  alquiler formal”.

Las condiciones establecidas para poder alquilar en ese edificio, llamado Estela de Esperanzas, son llevar al menos cuatro años viviendo en conventillos o inquilinatos, no contar con garantía y no necesariamente tener ingresos formales. Se trata -indican desde la ONG- del “único proyecto de alquiler social en la Argentina”.

“Si queremos que el alquiler social sea una realidad, debemos generar acuerdos entre todos los sectores, escuchando todas las voces y propuestas, poniendo siempre a las familias en situación de vulnerabilidad en el centro del tema”, subrayan desde HPHA.

En la cuerda floja

Desde su sanción en marzo de 2020, la Ley de Alquileres fue cuestionada desde distintos sectores, principalmente el inmobiliario. De hecho, en el Congreso de la Nación comenzaron a ser debatidos diversos proyectos de reforma, aunque ninguno de ellos logró reunir consenso suficiente para poder ser llevado al recinto.

Por estos días, de fuentes oficiales trascendió que el Gobierno evalúa la posibilidad de suspender la norma, que rige desde junio de 2020. De acuerdo con esas versiones, la intención oficial sería avanzar con una nueva normativa, de la que se desconocen los detalles.

“Una de las principales limitaciones es pensar que la problemática de alquileres se reduce a los formales. Es por eso que, al discutir la Ley de Alquileres, nadie menciona el Alquiler Social. Así, se invisibiliza una población enorme que hoy está pagando mucho dinero por vivir en condiciones que afectan su salud, desarrollo y bienestar”, señalan desde Hábitat para la Humanidad Argentina.

Más voces por los derechos

La posición de HPHA se suma a la de otras organizaciones de la sociedad civil que vienen planteando que los cuestionamientos a la Ley de Alquileres provienen de la especulación inmobiliaria.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también se pronunciaron sobre este tema. “Desde que se aprobó la Ley, distintos representantes del mercado inmobiliario señalaron a la normativa como la causante de los problemas habitacionales que afectan a más de 8 millones de personas que alquilan”.

Y añadieron: “Sin argumentos basados en datos para sostener que la ley afectó negativamente al mercado, la alternativa que se propone es desproteger a quienes alquilan, retroceder en materia de derechos y darle más poder a quienes especulan con el derecho a la vivienda”, plantean desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Más información sobre Acij y la Ley de Alquileres 

 

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